El 25 de junio de 2026 el gobierno británico publicó el borrador de la Conversion Practices Bill, la ley que criminaliza las llamadas «prácticas de conversión» dirigidas a modificar la orientación sexual o la identidad de género de una persona. Hasta aquí, nada que no lleve una década en el debate público: desde 2018 sucesivos gobiernos —conservadores y laboristas— habían prometido y aplazado esta legislación. Lo interesante, lo que ha hecho correr ríos de tinta esta semana, no es la protección a personas gais o trans, sino un detalle aparentemente técnico: la ley protege por igual a personas heterosexuales y asexuales de intentos de «conversión» hacia otra orientación.
Kathleen Stock, en un artículo publicado en UnHerd, ha señalado con su habitual filo que este detalle no es un añadido cosmético sino una bomba de relojería conceptual. Porque revela, según ella, una contradicción que lleva treinta años incubándose en el activismo LGBT: la idea de que la autoidentificación es infalible, pero solo en una dirección.
La lógica de la autenticidad asimétrica
El argumento tiene raíces en los años noventa. Frente al estigma histórico de la homosexualidad, se consolidó una intuición razonable: si alguien se declaraba gay pese al coste social que eso implicaba, había buenas razones para creerle sin reservas —nadie mentiría en esa dirección, dado lo que se arriesgaba. La heterosexualidad, en cambio, quedó bajo sospecha estructural: la presión social hacia la norma era tan fuerte que una declaración de heterosexualidad podía ser, simplemente, la superficie de una represión. De ahí nacieron categorías como la «heteronormatividad compulsiva», que convertían cualquier declaración heterosexual en un dato poco fiable y cualquier declaración de disidencia sexual en una verdad casi por definición.
El movimiento trans de los noventa, señala Stock, heredó la misma estructura argumental: se es «realmente» trans si uno lo afirma, porque sería contraproducente mentir sobre algo que trae consigo estigma. Es un argumento con una lógica interna coherente, pero que descansa en una premisa que rara vez se hace explícita: que la autopercepción, cuando va contra la corriente social, es una especie de dato privilegiado, inmune al error, a la fase transitoria o al ensayo identitario.
La lógica de la autenticidad infalible, aplicada a las identidades heterosexuales, colapsa sin remedio: casi toda persona gay empezó identificándose sinceramente como heterosexual.
Ahí está, para Stock, el reductio ad absurdum de la nueva ley. Si el Estado protege también al heterosexual y al asexual frente a la presión para cambiar, está admitiendo tácitamente que ninguna identidad sexual —ni siquiera la mayoritaria, ni siquiera la que se presume «de fábrica»— es inmune a la persuasión, la duda o el cambio. Y si eso es cierto para el heterosexual, ¿por qué no habría de serlo también, en algún grado, para el gay o el trans?
El problema no resuelto: ¿quién decide qué es permanente?
La ley, en su redacción actual, no exige que la identidad protegida sea inmutable; protege el proceso de autoidentificación en sí mismo, sin importar si más tarde cambia. Esto genera una ambigüedad que los propios debates parlamentarios han señalado: ¿cómo puede un tercero —un padre, un terapeuta, un profesor— saber si lo que tiene delante es una identidad estable o una fase de exploración adolescente, si la ley trata ambos casos como equivalentes en el momento de la interacción?
El propio texto legal reconoce esta tensión al excluir de su ámbito las «conversaciones exploratorias» y limitar el umbral penal a conductas abusivas que causen daño grave. La distancia entre «acompañar con dudas» y «presionar psicológicamente» es, sin embargo, precisamente el terreno donde se libran las disputas familiares y clínicas más intensas del momento: qué hacer con un menor que dice sentirse del género opuesto, qué hacer con un hijo adolescente que declara asexualidad tras un cuadro depresivo. La ironía que subraya Stock —y que conviene no perder de vista aunque uno no comparta su lectura general del fenómeno trans— es que la misma arquitectura legal que protege a alguien de ser «convertido» a heterosexual protegería igualmente a un joven de ser disuadido, con la mejor intención, de una transición médica que después lamentase.
Otras lecturas del mismo borrador
Conviene no quedarse solo con la lectura de Stock. Para la activista asexual Yasmin Benoit, la inclusión explícita de la asexualidad en el borrador es un logro histórico, fruto de años de trabajo parlamentario, y responde a testimonios reales de personas asexuales sometidas a terapias coercitivas para «curarlas» de su falta de deseo sexual. Organismos como el Royal College of Psychiatrists han respaldado la ley alegando que las prácticas de conversión —palizas, terapias de choque, exorcismos, coacción económica— llevan documentándose durante décadas y que uno de cada seis miembros de la comunidad LGBT ha recibido alguna propuesta de este tipo. Desde esta óptica, el «problema filosófico» que señala Stock es, en la práctica, secundario frente al objetivo central: cerrar vacíos legales que hoy permiten el abuso.
La Cámara de los Lores, por su parte, ha planteado objeciones más técnicas: la definición de «presión psicológica o emocional» es tan amplia que, llevada al extremo, podría describir «un día cualquiera» en la crianza de un adolescente, y el umbral de «daño grave» necesitará mayor precisión jurídica antes de convertirse en ley definitiva. El propio gobierno insiste en que no pretende criminalizar la expresión de creencias ni las conversaciones exploratorias, solo la conducta abusiva.
Por qué esto interesa más allá de la política LGBT
Lo que hace valiosa la columna de Stock, al margen de que se compartan o no sus conclusiones sobre el activismo trans, es que pone el dedo en una pregunta que atraviesa buena parte de la psiquiatría contemporánea: ¿en qué medida el relato que una persona hace sobre sí misma —su identidad, su diagnóstico, su síntoma— debe tratarse como un dato incorregible, y en qué medida es una construcción sensible al contexto, al lenguaje disponible y a la comunidad interpretativa en la que la persona está inmersa? La pregunta no es nueva: recorre la historia de la psiquiatría crítica, desde el cuestionamiento de categorías diagnósticas construidas culturalmente hasta el debate sobre la patoplastia de los síntomas. La ley de conversión, sin proponérselo, ha puesto sobre la mesa una versión jurídica de ese mismo dilema epistemológico: ¿puede el derecho proteger un yo cuya única garantía de autenticidad es que el propio sujeto lo declare así, hoy?
BIBLIOGRAFÍA
- Stock, K. (2026, 3 de julio). The conversion paradox. UnHerd. unherd. com/2026/07/the-conversion-paradox
- Office for Equality and Opportunity (2026). Draft Conversion Practices Bill: Explanatory Notes. GOV. UK, publicado el 25 de junio de 2026. gov. uk/government/publications/draft-conversion-practices-bill
- GOV. UK (2026). Government pushes forward with conversion practices ban to protect LGBT+ people from abuse. Nota de prensa oficial.
- UK Parliament, Hansard (2026, 25 de junio). Draft Conversion Practices Bill, debate en la Cámara de los Comunes.
- Parallel Parliament (2026, 1 de julio). Debate: Draft Conversion Practices Bill, Cámara de los Lores.
- Benoit, Y. (2026, 2 de julio). Asexual inclusion in conversion therapy ban is step in right direction. PinkNews.
- Trispiotis, I. (2026). UK plans conversion ‘therapy’ ban – what the draft legislation says. The Conversation.
- We Are Queer AF (2026). Draft conversion practices bill loopholes make it «instruction manual for abuse».
Cuando termines el artículo:
Después de leer
Conversación y debate
0 comentariosLa lectura continúa aquí: objeciones, matices, preguntas y cruces con otros textos.
Todavía no hay comentarios. Puedes abrir el debate con una pregunta o una objeción.